Popular la gran estafa.

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rglar
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El Santander, ese agujero negro que todo lo traga...
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https://diario16.com/santander-bbva-el- ... -o-la-opa/

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Froste
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Caso Popular: 10 millones para favorecer al Santander
El supervisor español ha realizado tres contrataciones de expertos para acudir al arbitraje del mexicano Antonio del Valle que sufragará con dinero público

Por Manuel Domínguez Moreno / Esteban P. Cano - 08/04/2020

https://diario16.com/caso-popular-10-mi ... santander/

Los afectados del Banco Popular están viendo cómo el dinero público de toda la ciudadanía está siendo utilizado por diferentes organismos del Estado para la contratación de despachos de abogados y expertos que tumben el arbitraje de Antonio del Valle. Todo ello, evidentemente, a quien favorecerá será al Santander…, como siempre.

En un momento de crisis sanitaria, en el que el Gobierno está intentando utilizar todo el dinero público para favorecer a las personas, las empresas y los autónomos para, en primer lugar, superar la pandemia, y, en segundo término, allanar el camino para que la vuelta a la normalidad no deje nadie atrás, el Banco de España ha adjudicado tres contratos, un asesor jurídico y dos firmas expertas en arbitraje, para el procedimiento arbitral interpuesto contra España por Antonio del Valle por el Caso Popular.

En concreto, el Banco de España ha contratado al despacho de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton como asesor jurídico por un valor de 2,2 millones de euros. Por otro lado, se ha contratado a la firma británica Versant Partners por 450.000 euros en calidad de perito especialista y, finalmente, pagará 180.000 euros por los informes periciales realizados por la especialista en regulación bancaria Rosa María de Lastra.



Estas cantidades hay que unirlas a los 6 millones de euros ofertados por el FROB y los 480.000 de la CNMV, es decir, que el Estado español va a gastarse 10 millones de euros en su lucha contra los afectados del Popular, algo que, por extensión, favorecerá al Santander, la entidad que lo compró por un euro y que se está aprovechando de las potencialidades, de los 11.000 millones de patrimonio neto y de los activos del Popular.

Por un lado, es lógico que el Reino de España quiera defenderse en el arbitraje de Antonio del Valle. Sin embargo, el Estado dispone de su propia Abogacía, con grandes expertos en arbitrajes internacionales, que podrían haber ahorrado ese coste, sobre todo ahora, en un momento en el que cada euro es fundamental para la lucha contra el coronavirus o para comprar material para el sector sanitario.

Tampoco es lógico el empecinamiento en defender una operación que arruinó a más de 1,2 millones de personas y que está plagada de causas de nulidad, empezando por el propio Banco de España que aprobó la venta por un euro al Santander cuando aún no se había ejecutado la resolución ni realizado la subasta, y siguiendo con el FROB, que permitió la venta fuera de plazo o la CNMV que no paralizó las operaciones a corto del Popular, al contrario de lo que hizo una semana después de la resolución con Liberbank o la medida adoptada en los primeros días de la pandemia con todo el mercado español.

¿A quién se empeña en proteger el actual Ejecutivo y, principalmente, todos los organismos dependientes de la ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta Nadia Calviño? Sorprende, sobre todo cuando el Caso Popular fue una herencia recibida del gobierno de Mariano Rajoy. En el aspecto económico la operación fue «muñida» y dirigida por el ex ministro y actual vicepresidente del BCE Luis de Guindos. La ejecución de la misma fue realizada, con mano de cirujano, por Emilio Saracho en todo lo referente al aspecto financiero, a la comunicación, el tráfico de información/filtración, contrataciones jurídicas clave. Además, no se puede olvidar la presencia paralela de personas cercanas a Soraya Sáenz de Santamaría y que en la actualidad podrían estar cobrando de forma directa o directa del banco presidido por Ana Patricia Botín.

Es inexplicable cómo el actual Gobierno, con el maltrato, la deslealtad y la mezquindad que está recibiendo del Partido Popular, continúe protegiendo a la derecha más cruel, la derecha que representa al capitalismo destructor de los derechos del pueblo. A eso es a lo que se está protegiendo, a ese poderoso capitalismo deshumanizado, incluso utilizando dinero del pueblo que tanta falta hace para cosas más importantes.

Ahora es el momento de demostrar la humanidad de este gobierno respecto a un pueblo que sufre, mucho más los oprimidos por el capital deshumanizado tan bien representado por el Santander. La señora Calviño tiene una oportunidad de pasar a la historia en este momento de la épica de la verdad. La verdad es que lo tiene muy fácil, no tiene más que separar sus criterios y acciones de las de Luis de Guindos y del BCE. El propio presidente Sánchez ha exigido a la UE que es el momento de los hechos, de que Europa se identifique con sus pueblos y se distancie del capital inhumano que maneja los poderes democráticos. Calviño debe actuar con la coherencia mostrada por el resto del gobierno o como demuestra y desea ser «el después que nos espera».

Un Estado democrático no puede permitirse, por ética, gastarse 10 millones de euros para ir contra su propio pueblo para favorecer los intereses del Santander. ¿Cuándo llegará el momento en que un país como España deje de estar sometida a los intereses del sector financiero? Es la hora de que el Estado proteja a su pueblo del capitalismo deshumanizado.

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Froste
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Mensaje por Froste »

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
El BdE ficha a un bufete americano y al perito del FROB en el arbitraje de Popular
Las contrataciones del supervisor se unen a las del FROB y la CNMV que se llevaron a cabo hace unos meses para este mismo fin.

Lucía Gómez
lunes, 13 abril 2020, 04:30

https://www.lainformacion.com/empresas/ ... o/6557965/

El Banco de España se prepara para hacer frente a Antonio del Valle por la resolución del Banco Popular. El supervisor ha contratado al bufete americano Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, experto en la materia, para asesorarle jurídicamente en el arbitraje internacional contra el Reino de España impulsado por el inversor mexicano ante las Naciones Unidas por la caída de la entidad financiera. Del mismo modo, también ha cerrado la contratación de dos peritos para la elaboración de informes relacionados con el procedimiento, los mismos que el FROB.

En concreto, y tal y como se refleja en la documentación del portal de contratación del Estado, el BdE ha adjudicado a la firma americana un contrato con una duración de ocho años -plazo en el que estima que finalizará el procedimiento- por 2,2 millones de euros a los que habría que sumarles los impuestos. Al proceso de licitación, sin publicidad y bajo el grado de urgente, se presentaron dos ofertas y la de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP resultó ganadora al ser considerada la "más ventajosa".

En el caso de los peritos, el BdE ha llevado a cabo la licitación de dos contratos diferentes a través del mismo método. El primero de ellos, formalizado el martes, ha sido adjudicado a Rosa María de la Lastra Leralta, experta en este tipo de litigios internacionales y que también fue fichada por el FROB -Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria- en este arbitraje. En este caso, la licitación ha sido adjudicada por 218.000 euros más IVA y un periodo estimado de seis años para desarrollar sus funciones.

De la Lastra es catedrática de Derecho Internacional Monetario y Financiero por la Universidad de Londres y deberá desempeñar su labor en materia regulatoria bancaria (carácter técnico-normativo) y emitir informes periciales relacionados con las funciones del Banco de España y, en particular, la provisión de liquidez de emergencia y el Mecanismo Único de Supervisión, tal y como se detalla en la documentación. Esta es una de las partes más cuestionadas del procedimiento para la institución y el BdE ya está preparando todos los datos.

El segundo contrato de peritaje ha sido adjudicado por procedimiento de urgencia a Versant Partners, el otro perito que contrató el FROB, y que en este caso también elaborará informes para el BdE. En concreto, la documentación formalizada este miércoles señala que las funciones de esta firma tendrán que ver con la valoración de garantías para la provisión de liquidez de emergencia que se llevaron a cabo en el caso de la resolución de Popular. El BdE pagará un total de 450.000 euros más impuestos por este trabajo que tendrá, al igual que en el caso de la otra perito, una duración aproximada de seis años. La firma británica Versant tuvo que verse las caras con otro licitador extranjero, pero finalmente su oferta fue considerada la más ventajosa. Los tres procedimientos tienen aún abierto el plazo de recurso.

Cabe recordar que un grupo de inversores mexicanos, con Antonio del Valle a la cabeza, presentaron en 2018 dos recursos de arbitraje contra el Reino de España en compensación por la quiebra de Banco Popular. El conglomerado argumenta que en la resolución de la entidad se sucedieron errores y omisiones por parte de España antes, durante y después de la resolución. En dicho litigio solicitan que el Gobierno español restituya los 470 millones de euros, de acuerdo con el porcentaje de participación que mantenía en el banco, en virtud del Acuerdo para la protección recíproca de inversiones entre España y México.

Otras instituciones nacionales, como el FROB o la CNMV, también se han armado para dar la batalla en este procedimiento. El regulador de los mercados, cuyo papel ha sido cuestionado, se encontró con serias dificultades para encontrar un asesor legal externo. En un principio, y de acuerdo con la documentación de la primera adjudicación del portal de contratación, se contrató a Nera Consulting Group, filial de Oliver Wyman, pero tuvo que dar marcha atrás ante la existencia de conflicto de intereses. Ante la ausencia de más ofertas, la institución rediseñó el concurso público y lo volvió a lanzar. La CNMV adjudicó finalmente el contrato de "asistencia especializada y peritaje para el arbitraje internacional" a Netvalue Forensic por tramitación urgente y negociado sin publicidad.

Maquinista
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Estaba bien que alguien los pusiera en su sitio, tanto chiringuito de amigos

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Froste
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EXCLUSIVA DIARIO16: Saracho ya anticipó en el mes de abril de 2017 que los accionistas del Popular iban a perderlo todo
Un ex directivo del Popular confesó en sede judicial que, en los momentos previos a la Junta General, Saracho afirmó a cuatro periodistas que la acción no tenía ningún valor

Por Esteban P. Cano - 16/04/2020

https://diario16.com/exclusiva-diario16 ... erlo-todo/

Rub
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Fíjate en la fecha de la noticia.

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Froste
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Rub escribió:
16 Abr 2020 19:53
Fíjate en la fecha de la noticia.
Ahí lo tienes 16/4/2020 Por Esteban Cano

Rub
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Mensaje por Rub »

Sin darme cuenta estaba en la primera página.... Había leído el link de expansión de marzo del 2019. :?

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Froste
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Caso Popular: las últimas revelaciones confirman que todo fue una operación orquestada
Los testimonios de Carlos Balado, ex director general de Comunicación del Popular, y el acta notarial de Jaime Ruiz, ex presidente de la Bolsa de México, muestran a las claras las connivencias y las complicidades en la operación que arruinó a 1,2 millones de personas

Por Esteban P. Cano - 19/04/2020

https://diario16.com/caso-popular-las-u ... ivN5Yc3VLc

Primero fueron los peritos del Banco de España, quienes, en su informe, confirmaron lo que Diario16 lleva afirmando desde antes de la resolución del Popular, es decir, que la caída de la sexta entidad financiera de España no fue causada por la ampliación de capital o por el estado de sus cuentas, sino que la única causa de la resolución y posterior venta al Santander fue una grave crisis de liquidez que se inició en el segundo trimestre de 2017, justo después de la Junta General de Accionistas donde Emilio Saracho dio un discurso orientado a generar pánico en los mercados y en los clientes, un speech que a ningún banquero se le hubiera ocurrido hacer público.

Los peritos Santiago Ruíz-Clavijo y Pablo Hernández fueron concluyentes en su informe: el Banco Popular no era inviable puesto que «a diciembre de 2016, su patrimonio neto era de 11.088 millones de euros y tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones de euros». Añadían, además, que la entidad disponía de la posibilidad de «materializar plusvalías por ventas de negocios», algo que en diciembre de 2017 ya dijo Diario16 en referencia a las ofertas de activos no estratégicos recibidas del BCI chileno para TotalBank y de Värde para WiZink.

Los peritos son muy claros en lo referente a la liquidez: «la entidad tenía un grave problema de liquidez siendo en todo momento antes de la resolución solvente, sus fondos propios eran positivos». Además, inciden en el hecho de cuándo se produjeron esas fugas de liquidez: «La decisión de resolver la entidad se basó en el deterioro de la situación de liquidez por una salida de depósitos especialmente intensa desde abril de 2017, concentrándose en fechas concretas».

Además, los peritos también fueron muy claros en la única causa por la que 1,2 millones de personas fueron arruinadas: «Las pérdidas sufridas por los inversores son consecuencia de la decisión administrativa de resolver la entidad y proceder a su venta a través de un procedimiento de subasta competitiva». Por tanto, tal y como llevamos indicando en Diario16 desde hace años, fue el procedimiento de resolución del FROB y la JUR lo que provocó la ruina de más de 305.000 familias, no la ampliación de capital.

El acta notarial de Jaime Ruiz
Jaime Ruiz Sacristán, ex presidente de la Bolsa de México y recientemente fallecido por coronavirus, presentó en la Audiencia Nacional un acta notarial fechada el 2 de agosto de 2017, es decir, apenas dos meses después de la resolución de la sexta entidad financiera de España y de la venta por un euro al Santander. En el documento, Ruiz Sacristán indica claramente que en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 6 de junio de 2017, participaron dos abogados del despacho de cabecera del Banco Santander que presentaron al Consejo una carta pre-redactada dirigida al Banco Central Europeo en la que se declaraba la inviabilidad del Popular. Es decir, el ex consejero revela que la decisión de declarar el estado FOLTF, fundamental para poder iniciar la resolución, estaba adoptada sin contar con el Consejo de Administración.

Además de otras irregularidades, Ruiz Sacristán indica en el acta notarial que «lo único que el Consejo aprobó (ante las reiteradas advertencias de los abogados externos asistentes a la reunión de potenciales responsabilidades en las que podían incurrir los consejeros) fue dirigir al Banco Central Europeo la carta en inglés previamente leída por el secretario Sr. Hervada. Es más, ni los abogados externos presentes en la reunión, ni el presidente o el secretario del Consejo de Administración explicaron, advirtieron o aclararon a los Sres. consejeros el impacto o los efectos que la carta dirigida al Banco Central Europeo podían tener, más allá de constituirse como una mera notificación formal advirtiendo problemas de liquidez». Por tanto, el hecho de que Saracho, los abogados de Uría y el secretario del Consejo afirmara que esa carta no era más que una notificación fue un engaño que provocó que unas horas más tarde el Popular fuera resuelto y vendido al Santander provocando la ruina de más de 1,2 millones de personas.

Por otro lado, en el mismo documento, para continuar con el engaño, se indica que se convocó a los consejeros a una nueva reunión del Consejo para el día 7 de junio a las 7 de la mañana, algo que Saracho sabía perfectamente que no se iba a celebrar, puesto que él tenía conocimiento de que, para esa hora, el Popular ya estaría en manos del Santander puesto que así estaba estipulado en el cronograma aprobado en la reunión del día 3 de junio en el que se inició el proceso de resolución del banco.

Las revelaciones del ex director general de Comunicación
En los últimos días hemos publicado la declaración judicial de Carlos Balado, ex director general de Comunicación del Banco Popular, quien, en primer lugar, afirmó que Saracho, en los momentos previos a la Junta General de Accionistas celebrada el 10 de abril, mantuvo cuatro encuentros con cuatro periodistas a los que dejó claro que los accionistas lo iban a perder todo: «fue taxativo, él decía que el banco no valía nada que la acción valía cero y que por lo tanto los accionistas del banco tenían que saber que eran las reglas del mercado, tenían que saber que lo perdían todo». Esta información, tal y como reconoce el propio Balado en su declaración, era absolutamente incoherente con lo que el propio banco presentó un mes después a la CNMV y que indicaba que el Popular tenía un valor patrimonial de 11.000 millones de euros.

En segundo término, Balado reconoció que el hecho relevante de la reexpresión de las cuentas dejaba abierto muchos interrogantes y sobre todo no daba una cifra concreta, que permitiera arrojar claridad sobre el hecho que se estaba analizando y eso provocó que se especulara sobre las cantidades y el impacto que podrían tener sobre el banco y a partir de ahí es cuando se produce cierta inquietud en los mercados», declaró Carlos Balado en sede judicial, añadiendo que él mismo advirtió a Saracho de la confusión que se estaba generando: «mi recomendación era, que nosotros diéramos la cifra de la forma más homogénea posible y que, en el caso de que la cifra no fuera homogénea y no se pudiera concentrar en una sola cantidad, que aclaráramos el porqué de esa falta de homogeneidad y por qué no se podían dar esas cifras, como cifras que tuvieran un sentido agregadas». Es decir, que la intención de Saracho no era otra que hacer ver al mercado y a la opinión pública que se trataba de una reformulación de cuentas.

Además, Balado reconoce que Saracho prescindió desde su llegada del Departamento de Comunicación del banco que presidía para que las informaciones se sometieran al criterio de un asesor externo: el bufete de abogados de cabecera del Banco Santander. «Desde su llegada, lo que me dijo es, que yo tendría, cualquier asunto o papel o demás que pudiera salir al exterior, eso tenía que pasar por el despacho de Uría».

Finalmente, el ex director general de Comunicación reconoció en sede judicial que fue Saracho el que filtró la noticia de la posible quiebra de la entidad.

Como se puede comprobar en todos estos hitos se puede comprobar que todos estos movimientos no fueron improvisados, sino que existió un seguimiento de una estrategia predeterminada que tenía como fin el rescate encubierto del Santander.

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Froste
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Mensaje por Froste »

Caso Popular: la ampliación de capital del Santander reveló el verdadero objetivo de la operación
El círculo se va cerrando y, de cara a la Justicia, los responsables de la caída de la sexta entidad financiera y de la ruina de 1,2 millones de personas, son cada vez menos. Las revelaciones de la participación de Uría y Menéndez en la operación han puesto los focos nuevamente en el Santander y la ampliación de 2017

Por Esteban P. Cano - 21/04/2020

https://diario16.com/caso-popular-la-am ... operacion/

Las revelaciones de Carlos Balado, ex director general de Comunicación del Banco Popular y del ex consejero Jaime Ruiz Sacristán —ex presidente de la Bolsa de México y recientemente fallecido por el Covid19— han puesto los focos nuevamente sobre Emilio Saracho y sobre el Banco Santander, sobre todo por la participación decisiva de su despacho de abogados de cabecera en toda la operación.

Desde la primavera de 2017, este medio ha defendido, con documentación, que la caída del Popular y su posterior venta por un euro no fue otra cosa que un «rescate encubierto» al banco presidido por Ana Patricia Botín, todo ello con la presunta colaboración y connivencia del gobierno del Partido Popular que, ¿cómo iba a permitir que se le cayera, nada más y nada menos, que el Banco Santander? Hacerlo, poner en dificultades a la entidad cántabra, hubiera supuesto un escándalo a nivel mundial. Un too big to fail no se deja caer así como cualquier cosa. Para evitarlo, además, era fundamental la participación de Europa que, como Rajoy y De Guindos, no podían permitirse que eso sucediera. No se puede olvidar jamás que en ese mismo año 2017 el FMI calificó al Santander como un «peligro sistémico» y que, un año después, en el Congreso de los Diputados, José Antonio Álvarez declaró que llevaban varios años «sin ganar dinero» en España.

La JUR valoró los activos del Popular como los de un banco en liquidación, pero al final, amparándose en un informe que Deloitte elaboró en pocos días, no lo liquidó, sino que se lo vendió al Santander por un euro. Esa es la clave, porque cuando un banco está en liquidación sus activos pasan a valer, automáticamente, entre un 47% y un 67% menos.

Como no se liquidó el banco —como sí hicieron las autoridades norteamericanas con Lehman Brothers—, sino que se vendió al Santander por un euro, los activos recuperaron su valoración previa a la resolución de la JUR. Por ejemplo, sólo dos meses después, el Santander vendió el 51% de los activos inmobiliarios a BlackStone, fondo buitre con el que ya llevaba negociando desde el mes de mayo de 2017.

En la práctica todos esos ajustes se realizan sobre el balance de Popular, que se despatrimonializa, quedando latentes, algunas por poco tiempo —fueron enseguida vendidas por el nuevo dueño: Totalbank, Wizink, o la recuperación de los AFD’s—, enormes plusvalías de las que se beneficia Santander.

El banco presidido por Ana Patricia Botín podría alegar que amplió capital para cubrir esos desfases, pero no es así, aunque dé la apariencia de lo contrario. Si así fuese, en ese caso anunciado por Santander, la rentabilidad esperada de esa aparente operación de ampliación para cubrir la compra del Popular fue bien recibida por el mercado, que anticipa una rentabilidad de la operación tal como fue descrita por el Santander —para comprar Popular— de un 20% anual. Si así fuese, la rentabilidad esperada por JP Morgan, Credit Suisse o Morgan Stanley es superior al 20% y ante ello cabe hacerse la pregunta: ¿qué activo se puede comprar en el mercado por un euro al que se inyecte capital y dé automáticamente una rentabilidad del 20% anual? No hay, o no valen un euro.

La realidad es que Santander amplió capital para sí mismo, sobre la base de que lo hace para cubrir la compra del Popular, pero, como hemos publicado en Diario16, esa ampliación tenía otro destino: tapar su agujero.

Es Santander el que amplía capital, es el Grupo Santander el que se refuerza. Con el Popular lo que ocurre es que, una vez despatrimonializado haciendo provisiones sin soporte en la realidad de mercado y sobre la ficción de una liquidación que no se produce en la realidad, contablemente el banco presidido por Ana Patricia Botín hace un traspaso de fondos dentro del Grupo Santander al «nuevo Popular» para reponer el patrimonio que se ha volatilizado con los ajustes del cambio de divisas, pero el patrimonio del Grupo Santander no se ve afectado por ello, como se puede comprobar en sus estados contables.

Las propias cuentas del Santander concluyen que los fondos entran en Santander, que incrementa capital, fondos que se consumen enteramente en cubrir sus desfases por valoración de divisas. Dicho de otra forma, Santander es el propietario único de Popular y asigna unos recursos al mismo como capital, guardando todas las plusvalías latentes en su balance. Para que se vea más gráficamente, ¿qué ocurriría si Santander no hubiese comprado Popular y no hubiese ampliado capital?: su patrimonio neto habría caído en 3.000 millones de euros, en un año en el que el beneficio total del período atribuible a sus accionistas fue negativo.

Lingote
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Mensaje por Lingote »

Hay que pedir un "justiprecio" es increible la manipulación y aunque ganemos los juicio y algun dia cobremos nuestros ahorros..aun asi el Santander habra ganado el triple..es una verguenza de justicia y de organismos corruptos..no me extrañaría que por el covid19 se sacaran alguna artimaña para no devolvernos lo estafado.

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Froste
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Mensaje por Froste »

Caso Popular: coacciones, engaños y amenazas para arruinar a 1,2 millones de personas
Los consejeros del Banco Popular aprobaron la carta que se envió al BCE para declarar la inviabilidad con argumentos falsos y con amenazas sobre las consecuencias que iba a tener si no lo aprobaban

Por Esteban P. Cano - 26/04/2020

https://diario16.com/caso-popular-coacc ... -personas/

Tanto las declaraciones en la Audiencia Nacional de los exconsejeros del Popular, como el testimonio de Carlos Balado, exdirector general de Comunicación, en los juzgados, han ratificado cómo la gestión de Emilio Saracho estuvo caracterizada por el engaño y por la comunicación de noticias negativas que tenían graves consecuencias al banco, tanto a nivel de los mercados como de los clientes.

El exconsejero Jaime Ruiz Sacristán, ratificó a través de la presentación en la Audiencia Nacional de un acta notarial levantada en agosto de 2017 de todo lo que había declarado. El documento no deja lugar a dudas de que del Consejo del día 6 de junio de 2017 no salía nadie sin el Popular declarado inviable. Para ello, tanto Emilio Saracho como los abogados del despacho de cabecera del Santander hicieron una labor que podría ser calificada como de cercana a la coacción, a las amenazas y al engaño.

En el documento, Ruiz Sacristán indica claramente que en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 6 de junio de 2017, participaron dos abogados del despacho de cabecera del Banco Santander que presentaron al Consejo una carta pre-redactada dirigida al Banco Central Europeo en la que se declaraba la inviabilidad del Popular. Es decir, el exconsejero revela que la decisión de declarar el estado FOLTF (fail or likely to fail), fundamental para poder iniciar la resolución, estaba adoptada sin contar con el Consejo de Administración.


Además de otras irregularidades, Ruiz Sacristán indica en el acta notarial que «lo único que el Consejo aprobó (ante las reiteradas advertencias de los abogados externos asistentes a la reunión de potenciales responsabilidades en las que podían incurrir los consejeros) fue dirigir al Banco Central Europeo la carta en inglés previamente leída por el secretario Sr. Hervada. Es más, ni los abogados externos presentes en la reunión, ni el presidente o el secretario del Consejo de Administración explicaron, advirtieron o aclararon a los Sres. consejeros el impacto o los efectos que la carta dirigida al Banco Central Europeo podían tener, más allá de constituirse como una mera notificación formal advirtiendo problemas de liquidez».

En consecuencia, el hecho de que Saracho, los abogados de Uría y el secretario del Consejo afirmaran que esa carta no era más que una notificación fue un engaño que provocó que unas horas más tarde el Popular fuera resuelto y vendido al Santander provocando la ruina de más de 1,2 millones de personas.

Por otro lado, en la misma acta notarial, para continuar con el engaño, se indica que se convocó a los consejeros a una nueva reunión del Consejo para el día 7 de junio a las 7 de la mañana, algo que Saracho sabía perfectamente que no se iba a celebrar, puesto que él tenía conocimiento de que, para esa hora, el Popular ya estaría en manos del Santander ya que así estaba estipulado en el cronograma aprobado en la reunión del día 3 de junio en el que se inició el proceso de resolución del banco.

La gran mayoría de los consejeros del Banco Popular que han declarado en la Audiencia Nacional han coincidido en que hubo cierta coacción por parte de Emilio Saracho a la hora de declarar la inviabilidad, paso previo para la resolución. La frase de Saracho «o se declara la inviabilidad o ateneos a las consecuencias» resonó en varias ocasiones en las paredes de la Audiencia. Diferentes versiones, diferentes modos de expresarse, pero en todos los casos el mismo mensaje. Una supuesta amenaza, una presunta coacción, un engaño y 1,2 millones de personas arruinadas.

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