https://www.bolsamania.com/noticias/emp ... 79748.html
A pesar de lo que trincan y las comisiones que cobran, parece que el resultado del tercer trimestre no es nada halagüeño, sobre todo para el Santander..
Popular la gran estafa.
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suasen
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https://www.expansion.com/empresas/banc ... b4651.html
Más de uno debiera tener la carcel como residencia
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No por mucho madrugar amanece más temprano
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suasen
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https://www.lainformacion.com/empresas/ ... 53TvD22cts
Y ésto es bueno recordarlo antes de votar
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No por mucho madrugar amanece más temprano
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Lingote
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Parece k por fin llegan notocias positivas de Rua Abogados. Informan que han presentado mas de 1000 reclamaciones k se estan resolviendo muchas de ellas en sentido favorable.. Que iran llamando a los afectados.. Por lo visto Ron y Saracho se han tirado las culpas mutuamente admitiendo , presuntamente, k se filtraron noticias negativas a la prensa k motivaron fuertes caÃdas en la coti.. Asi mismo admite k las tasaciones inmobiliarias de la entidad estaban desfasadas y k la ak de 2016. × 2500 m € era insuficiente..
A ver si hay suerte e indemnizan..no os olvideis k el banco valia mucho mas de lo k cotizaba llegando a ofrecer bbva 1.20 € por acc meses antes..
A ver si hay suerte e indemnizan..no os olvideis k el banco valia mucho mas de lo k cotizaba llegando a ofrecer bbva 1.20 € por acc meses antes..
Última edición por Lingote el 07 Nov 2019 21:00, editado 1 vez en total.
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Maquinista
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Froste
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https://diario16.com/caso-popular-una-o ... as-prisas/
Reyes Calderón y José MarÃa Arias fueron muy claros a la hora de acusar a Emilio Saracho de que, en la reunión del Consejo de Administración del 6 de junio de 2017, amenazó a los consejeros de que tenÃan media hora para declarar la inviabilidad del Popular o, si no lo hacÃan, que se atuvieran a las consecuencias.
Saracho tenÃa instrucciones muy claras de UrÃa y Menéndez de cómo debÃa declarar al banco inviable para que el BCE declarara a la entidad en estado FOLTF (fail or likely to fail).
El presidente que generó la crisis de liquidez que llevó a la sexta entidad financiera de España a la resolución, a pesar de ser un banco solvente, también tenÃa un horario que cumplir ese dÃa 6 de junio y una discusión en el Consejo sobre si debÃa declararse la inviabilidad o no, podrÃa invalidar la operación por hacerse fuera de los plazos decididos por el FROB. Que esto se produjera no se pudo impedir y ya el propio Santander ha reconocido que el cierre de la subasta se realizó fuera de plazo.
Por tanto, Saracho tenÃa prisa en declarar inviable al Popular. Sin embargo, no fue el único. Ese dÃa el sector financiero y polÃtico estaba movilizado para cerrar la resolución cuanto antes. La propia Comisión Europea (CE) sólo dispuso de 77 minutos para poder supervisar si la decisión de resolución adoptada por la JUR era correcta o no. Por tanto, no se le dio tiempo material para que la CE estuviera en disposición de realizar su función de supervisión.
Además, los propios documentos de la JUR indican que, en la toma de decisiones adoptadas, estuvieron presentes, además de la Junta, el FROB y el Banco de Portugal. Sorprende que no se encontrara ningún representante de la Comisión y, por tanto, se demuestra que no pudo haber ningún tipo de supervisión porque en 77 minutos no da tiempo material a realizar el análisis de todo el proceso de resolución.
Hay que recordar que la propia Comisión Europea tuvo que agotar hasta el último dÃa para aprobar la operación, tiempo que fue aprovechado por el Santander para terminar las negociaciones que inició antes de que el Popular fuera resuelto con BlackStone y LoneStar y que tenÃan como fin la venta de los activos inmobiliarios de la entidad.
Por otro lado, el hecho de que la Comisión Europea no dispusiera del tiempo suficiente para cumplir con sus obligaciones legales de supervisión nos lleva a otro extremo muy grave que, además, demuestra la presunta implicación de la JUR en todo el proceso de acoso y derribo al Banco Popular: nos referimos a la filtración a Reuters del dÃa 31 de mayo de 2017 en la que un «funcionario de la UE» advirtió a altos cargos de la Unión que «el Banco Popular podrÃa necesitar una resolución ordenada». Ningún organismo europeo podÃa disponer de datos tan concretos como para realizar esa afirmación si no era la Junta Única de Resolución. Esta filtración provocó una fuga de depósitos previa a la ejecutada por organismos y administraciones públicas y que está siendo investigada por la Audiencia Nacional por si hubiera utilizado información privilegiada filtrada por quienes estaban al tanto de los detalles del Proyecto Hipócrates.
Por tanto, la pregunta es clara: ¿por qué tanta prisa? ¿Qué amenazas habÃa para que no se permitiera al Popular llegar hasta el fin de semana? ¿El BBVA se habÃa convertido en una amenaza para la operación y para el Santander? Lo que queda claro es que la precipitación provocó causas de nulidad de la operación que terminarán beneficiando a los afectados.
Reyes Calderón y José MarÃa Arias fueron muy claros a la hora de acusar a Emilio Saracho de que, en la reunión del Consejo de Administración del 6 de junio de 2017, amenazó a los consejeros de que tenÃan media hora para declarar la inviabilidad del Popular o, si no lo hacÃan, que se atuvieran a las consecuencias.
Saracho tenÃa instrucciones muy claras de UrÃa y Menéndez de cómo debÃa declarar al banco inviable para que el BCE declarara a la entidad en estado FOLTF (fail or likely to fail).
El presidente que generó la crisis de liquidez que llevó a la sexta entidad financiera de España a la resolución, a pesar de ser un banco solvente, también tenÃa un horario que cumplir ese dÃa 6 de junio y una discusión en el Consejo sobre si debÃa declararse la inviabilidad o no, podrÃa invalidar la operación por hacerse fuera de los plazos decididos por el FROB. Que esto se produjera no se pudo impedir y ya el propio Santander ha reconocido que el cierre de la subasta se realizó fuera de plazo.
Por tanto, Saracho tenÃa prisa en declarar inviable al Popular. Sin embargo, no fue el único. Ese dÃa el sector financiero y polÃtico estaba movilizado para cerrar la resolución cuanto antes. La propia Comisión Europea (CE) sólo dispuso de 77 minutos para poder supervisar si la decisión de resolución adoptada por la JUR era correcta o no. Por tanto, no se le dio tiempo material para que la CE estuviera en disposición de realizar su función de supervisión.
Además, los propios documentos de la JUR indican que, en la toma de decisiones adoptadas, estuvieron presentes, además de la Junta, el FROB y el Banco de Portugal. Sorprende que no se encontrara ningún representante de la Comisión y, por tanto, se demuestra que no pudo haber ningún tipo de supervisión porque en 77 minutos no da tiempo material a realizar el análisis de todo el proceso de resolución.
Hay que recordar que la propia Comisión Europea tuvo que agotar hasta el último dÃa para aprobar la operación, tiempo que fue aprovechado por el Santander para terminar las negociaciones que inició antes de que el Popular fuera resuelto con BlackStone y LoneStar y que tenÃan como fin la venta de los activos inmobiliarios de la entidad.
Por otro lado, el hecho de que la Comisión Europea no dispusiera del tiempo suficiente para cumplir con sus obligaciones legales de supervisión nos lleva a otro extremo muy grave que, además, demuestra la presunta implicación de la JUR en todo el proceso de acoso y derribo al Banco Popular: nos referimos a la filtración a Reuters del dÃa 31 de mayo de 2017 en la que un «funcionario de la UE» advirtió a altos cargos de la Unión que «el Banco Popular podrÃa necesitar una resolución ordenada». Ningún organismo europeo podÃa disponer de datos tan concretos como para realizar esa afirmación si no era la Junta Única de Resolución. Esta filtración provocó una fuga de depósitos previa a la ejecutada por organismos y administraciones públicas y que está siendo investigada por la Audiencia Nacional por si hubiera utilizado información privilegiada filtrada por quienes estaban al tanto de los detalles del Proyecto Hipócrates.
Por tanto, la pregunta es clara: ¿por qué tanta prisa? ¿Qué amenazas habÃa para que no se permitiera al Popular llegar hasta el fin de semana? ¿El BBVA se habÃa convertido en una amenaza para la operación y para el Santander? Lo que queda claro es que la precipitación provocó causas de nulidad de la operación que terminarán beneficiando a los afectados.
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Froste
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Un juzgado de primera instancia de Madrid ha condenado al Banco Santander a devolver 500.000 euros a una pareja que invirtió esa cantidad en deuda subordinada del Banco Popular, al que el primero absorbió, y que perdió cuando la entidad quebró.
Un juzgado de primera instancia de Madrid ha condenado al Banco Santander a devolver 500.000 euros a una pareja que invirtió esa cantidad en deuda subordinada del Banco Popular, al que el primero absorbió, y que perdió cuando la entidad quebró.
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Froste
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https://diario16.com/caso-popular-quien ... -personas/
Caso Popular: ¿quién ganó 400 millones a costa de la ruina de 1,2 millones de personas?
Las declaraciones en la Audiencia Nacional de esta semana han dejado una confesión inquietante: alguien ganó 400 millones de euros en bolsa con el ataque de los cortos al valor del Popular
Por Manuel DomÃnguez Moreno - 12/12/2019 15
Antonio González Adalid, consejero del Banco Popular traÃdo por Emilio Saracho, dejó una confesión que deberÃa hacer remover los cimientos del Estado, sobre todo en los responsables de la lucha contra la corrupción y en la administración de Justicia. Según fuentes cercanas a la declaración, González Adalid afirmó que la causa de la resolución de la sexta entidad financiera fue el ataque de los cortos (posiciones bajistas) y que «algunos ganaron 400 millones de euros». ¿Quiénes son esos «algunos»? ¿Quién o quiénes llevaron la ignominia hasta el punto de aprovecharse de la ruina de 305.000 familias para ganar 400 millones?
Lo afirmado por el ex consejero del Popular es muy grave y deberÃa movilizar a todos los organismos implicados porque, de confirmarse que la persona, personas, empresas, bancos o instituciones que presuntamente especularon con el Popular estaban implicadas directamente en la operación que llevó a la sexta entidad financiera de España a la resolución, estarÃamos hablando de la comisión de delitos muy graves con penas de cárcel elevadas: estafa, manipulación de los mercados, organización criminal, y, sobre todo, en el caso del silencio connivente de los organismos públicos, presunta prevaricación y malversación de fondos.
En este punto hay que recordar cómo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tuvo en su mano frenar toda la operación bajista desde el primer momento pero, sobre todo, cuando permitió la actuación de las posiciones bajistas AQR Capital Management; Oceanwood Capital Management; Samlyn Capital; Lansdowne Partners; Melqart Asset Management y, sobre todo, BlackRock (máximo accionista del Santander tras la ampliación de capital post resolución del Popular) y Marshall Wace (que forma parte de JP Morgan, el banco de inversión del que fue vicepresidente Saracho). Unos dÃas después de la resolución del Banco Popular, se suspendió la cotización de Liberbank por el exceso de posiciones en corto que, por otro lado, no alcanzaron en ningún momento la magnitud de los ataques al valor del Popular.
Tras la confesión de González Adalid, el organismo presidido por Sebastián Albella está en la obligación de iniciar una investigación de quién o quiénes especularon para ganar esos 400 millones de euros. El regulador de los mercados tiene la capacidad de recursos suficientes para llegar al origen de esos movimientos especulativos que tumbaron el precio de la acción mientras 305.000 familias erar arruinadas de manera indigna. No hacerlo, serÃa una dejación de funciones muy grave, sobre todo cuando la CNMV no está al servicio de las élites financieras y económicas, sino al del pueblo español.
Sin embargo, no es sólo la CNMV, sino que el propio Ministerio de EconomÃa quien tiene la responsabilidad de iniciar otra investigación para aclarar lo sucedido. Por mucho que el gabinete de Nadia Calviño haya confesado que será continuista con las polÃticas aplicadas por su antecesor, Luis de Guindos, el abandono de sus responsabilidades para con el pueblo serÃa muy grave y estarÃa al mismo nivel que un atentado contra los principios mÃnimos que sostienen a una democracia. Mantenerse al margen de una situación en la que un ex consejero de un banco cotizado confiesa que hubo «algunos» que ganaron 400 millones de euros con la ruina de más de 1,2 millones de ciudadanas y ciudadanos, es un modo de cómplice silencio, la peor de las connivencias. Por tanto, ¿qué va a hacer el Ejecutivo que se forme tras las negociaciones? ¿Se mantendrá al margen como ha hecho Nadia Calviño desde que está en el Ministerio de EconomÃa u ordenará a las fuerzas de seguridad del Estado el inicio de una investigación sobre ello? ¿Asumirá Calviño la misma responsabilidad que presuntamente deberá asumir Luis de Guindos en esta causa tras no haber frenado el ataque de los bajistas que propició que hubiera «algunos» que se llevaran 400 millones de euros?
Los propios partidos polÃticos también tienen mucho que decir. De PP y Ciudadanos no se espera ya nada, ni mucho menos de Vox. Los primeros estaban en el Gobierno cuando se ejecutó la operación diabólica y callaron; Ciudadanos también calló y en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados demostró que su prioridad era preservar a las élites en vez de defender a los afectados por la operación diabólica. Por su parte, los ultras de Vox no van a hacer nada porque sólo pueden ofrecer palabras.
¿Y los partidos de izquierdas? ¿Qué hará Podemos si finalmente se forma Gobierno? ¿Permitirá que una revelación por la que «algunos» ganaron 400 millones de euros a costa de la ruina de 1,2 millones de trabajadores, pensionistas y pequeños empresarios quede en el olvido? ¿Y Esquerra Republicana de Catalunya? ¿Se quedarán callados cuando fueron la vanguardia de la defensa de los afectados del Popular?
Una confesión como la que se produjo ayer en la Audiencia Nacional debiera obligar de inmediato a la FiscalÃa, que tanto hincapié está haciendo en buscar las causas de la resolución donde no se encuentran —a diferencia del juez Calama que se centra en los hechos que realmente son claves en el Caso Popular—, a iniciar una investigación de oficio reclamando la información necesaria a la CNMV, al Banco de España y al Ministerio de EconomÃa sobre quiénes fueron esos «algunos» porque se podrÃa dar la paradoja que esos «algunos» hubieran tenido un papel fundamental en el caso o que, incluso, pudieran estar dentro del Consejo de Administración del banco.
Envolverse en la máscara del cómplice silencio para obviar el hecho revelado por Antonio González Adalid es una incoherencia y una irresponsabilidad de tal calibre que pondrÃa en peligro el propio sistema democrático puesto que serÃa la confirmación de que el Estado está al servicio de las élites y de la corrupción sistémica que esta declaración revela, en vez de al del pueblo, que es lo que indica la Constitución.
Caso Popular: ¿quién ganó 400 millones a costa de la ruina de 1,2 millones de personas?
Las declaraciones en la Audiencia Nacional de esta semana han dejado una confesión inquietante: alguien ganó 400 millones de euros en bolsa con el ataque de los cortos al valor del Popular
Por Manuel DomÃnguez Moreno - 12/12/2019 15
Antonio González Adalid, consejero del Banco Popular traÃdo por Emilio Saracho, dejó una confesión que deberÃa hacer remover los cimientos del Estado, sobre todo en los responsables de la lucha contra la corrupción y en la administración de Justicia. Según fuentes cercanas a la declaración, González Adalid afirmó que la causa de la resolución de la sexta entidad financiera fue el ataque de los cortos (posiciones bajistas) y que «algunos ganaron 400 millones de euros». ¿Quiénes son esos «algunos»? ¿Quién o quiénes llevaron la ignominia hasta el punto de aprovecharse de la ruina de 305.000 familias para ganar 400 millones?
Lo afirmado por el ex consejero del Popular es muy grave y deberÃa movilizar a todos los organismos implicados porque, de confirmarse que la persona, personas, empresas, bancos o instituciones que presuntamente especularon con el Popular estaban implicadas directamente en la operación que llevó a la sexta entidad financiera de España a la resolución, estarÃamos hablando de la comisión de delitos muy graves con penas de cárcel elevadas: estafa, manipulación de los mercados, organización criminal, y, sobre todo, en el caso del silencio connivente de los organismos públicos, presunta prevaricación y malversación de fondos.
En este punto hay que recordar cómo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tuvo en su mano frenar toda la operación bajista desde el primer momento pero, sobre todo, cuando permitió la actuación de las posiciones bajistas AQR Capital Management; Oceanwood Capital Management; Samlyn Capital; Lansdowne Partners; Melqart Asset Management y, sobre todo, BlackRock (máximo accionista del Santander tras la ampliación de capital post resolución del Popular) y Marshall Wace (que forma parte de JP Morgan, el banco de inversión del que fue vicepresidente Saracho). Unos dÃas después de la resolución del Banco Popular, se suspendió la cotización de Liberbank por el exceso de posiciones en corto que, por otro lado, no alcanzaron en ningún momento la magnitud de los ataques al valor del Popular.
Tras la confesión de González Adalid, el organismo presidido por Sebastián Albella está en la obligación de iniciar una investigación de quién o quiénes especularon para ganar esos 400 millones de euros. El regulador de los mercados tiene la capacidad de recursos suficientes para llegar al origen de esos movimientos especulativos que tumbaron el precio de la acción mientras 305.000 familias erar arruinadas de manera indigna. No hacerlo, serÃa una dejación de funciones muy grave, sobre todo cuando la CNMV no está al servicio de las élites financieras y económicas, sino al del pueblo español.
Sin embargo, no es sólo la CNMV, sino que el propio Ministerio de EconomÃa quien tiene la responsabilidad de iniciar otra investigación para aclarar lo sucedido. Por mucho que el gabinete de Nadia Calviño haya confesado que será continuista con las polÃticas aplicadas por su antecesor, Luis de Guindos, el abandono de sus responsabilidades para con el pueblo serÃa muy grave y estarÃa al mismo nivel que un atentado contra los principios mÃnimos que sostienen a una democracia. Mantenerse al margen de una situación en la que un ex consejero de un banco cotizado confiesa que hubo «algunos» que ganaron 400 millones de euros con la ruina de más de 1,2 millones de ciudadanas y ciudadanos, es un modo de cómplice silencio, la peor de las connivencias. Por tanto, ¿qué va a hacer el Ejecutivo que se forme tras las negociaciones? ¿Se mantendrá al margen como ha hecho Nadia Calviño desde que está en el Ministerio de EconomÃa u ordenará a las fuerzas de seguridad del Estado el inicio de una investigación sobre ello? ¿Asumirá Calviño la misma responsabilidad que presuntamente deberá asumir Luis de Guindos en esta causa tras no haber frenado el ataque de los bajistas que propició que hubiera «algunos» que se llevaran 400 millones de euros?
Los propios partidos polÃticos también tienen mucho que decir. De PP y Ciudadanos no se espera ya nada, ni mucho menos de Vox. Los primeros estaban en el Gobierno cuando se ejecutó la operación diabólica y callaron; Ciudadanos también calló y en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados demostró que su prioridad era preservar a las élites en vez de defender a los afectados por la operación diabólica. Por su parte, los ultras de Vox no van a hacer nada porque sólo pueden ofrecer palabras.
¿Y los partidos de izquierdas? ¿Qué hará Podemos si finalmente se forma Gobierno? ¿Permitirá que una revelación por la que «algunos» ganaron 400 millones de euros a costa de la ruina de 1,2 millones de trabajadores, pensionistas y pequeños empresarios quede en el olvido? ¿Y Esquerra Republicana de Catalunya? ¿Se quedarán callados cuando fueron la vanguardia de la defensa de los afectados del Popular?
Una confesión como la que se produjo ayer en la Audiencia Nacional debiera obligar de inmediato a la FiscalÃa, que tanto hincapié está haciendo en buscar las causas de la resolución donde no se encuentran —a diferencia del juez Calama que se centra en los hechos que realmente son claves en el Caso Popular—, a iniciar una investigación de oficio reclamando la información necesaria a la CNMV, al Banco de España y al Ministerio de EconomÃa sobre quiénes fueron esos «algunos» porque se podrÃa dar la paradoja que esos «algunos» hubieran tenido un papel fundamental en el caso o que, incluso, pudieran estar dentro del Consejo de Administración del banco.
Envolverse en la máscara del cómplice silencio para obviar el hecho revelado por Antonio González Adalid es una incoherencia y una irresponsabilidad de tal calibre que pondrÃa en peligro el propio sistema democrático puesto que serÃa la confirmación de que el Estado está al servicio de las élites y de la corrupción sistémica que esta declaración revela, en vez de al del pueblo, que es lo que indica la Constitución.
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Froste
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https://diario16.com/caso-popular-opera ... -interesa/
Caso Popular: operación nula pero no reversible, la solución que a todos interesa
Todo indica que las múltiples irregularidades cometidas por los organismos que ejecutaron la resolución y la venta por un euro del Popular al Santander van a provocar la anulación de la misma
Por Esteban P. Cano - 14/12/2019 11
Dentro de las diferentes vÃas judiciales utilizadas por los afectados del Popular, la que más probabilidades de dictar una sentencia favorable —y firme— a los afectados en un menor corto de tiempo es la que se está dirimiendo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), un proceso contencioso-administrativo en el que se exige la anulación de toda la operación y la devolución, por tanto, del valor nominal de las acciones en base al valor real del Banco Popular.
Las presuntas irregularidades cometidas por los organismos españoles y europeos responsables de la operación fueron tan evidentes que no queda más que esperar que la Justicia europea dictamine la anulación de la resolución.
Además, esta vÃa propone una solución que satisfará a casi todos los actores, salvo a los organismos responsables de la resolución, evidentemente, que es la declaración de la nulidad de la operación pero que no anule las consecuencias corporativas de la misma.
Hay que recordar cómo el Banco Santander reconoció que la venta del Popular se ejecutó fuera de plazo, lo que ya supone una razón de nulidad. En otro orden, los propios abogados de UrÃa y Menéndez, que representaban a la entidad presidida por Ana BotÃn, fueron los responsables de que se tuvieran que levantar diferentes actas en una NotarÃa del Paseo de la Habana de Madrid para que quedara clara la exención de responsabilidad del banco en la operación y que aquélla recayera en la JUR y el FROB.
En esta solución, según diferentes fuentes jurÃdicas consultadas por Diario16, beneficiarÃa a todas las partes salvo, evidentemente, a los organismos que ejecutaron la resolución, la única causa de la ruina de más de 305.000 familias. Por un lado, los afectados cobrarÃan el valor de sus acciones en un precio justo; por otro, el Santander podrÃa continuar con su actividad y beneficiándose del euro pagado.
¿Quién se harÃa entonces cargo de devolver el dinero a los afectados? En este caso serÃa el Fondo Único de Resolución (FUR), un fondo establecido a escala supranacional que se financiará con las aportaciones de las diferentes entidades bancarias de la Eurozona. La aportación de cada banco corresponderá a la proporción que represente su pasivo (excluidos los fondos propios y los depósitos con cobertura) respecto de los pasivos agregados (excluidos los fondos propios y los depósitos con cobertura) de todas las entidades de crédito autorizadas en los Estados miembros participantes. Las aportaciones se ajustarán de forma proporcional a los riesgos asumidos por cada entidad. En la actualidad el FUR dispone de más de 33.000 millones de euros.
Causas de nulidad de la operación del Banco Popular
Tal y como hemos venido informando en Diario16, existen múltiples causas que acreditan la nulidad de la operación del Banco Popular. Una de las principales es que la venta al Santander se hizo fuera del plazo establecido por la JUR y el FROB, hecho que debió haber paralizado la subasta y, en consecuencia, el BBVA hubiese tenido la oportunidad de haber presentado la oferta que tenÃa prevista.
Otra causa que tendrá en cuenta el TJUE es la aplicación en la valoración del Popular, tanto la de Deloitte como la de la JUR, de un borrador de reglamento que no entró en vigor hasta marzo de 2019.
Por otro lado, el hecho de que se iniciara el proceso de resolución varios dÃas antes sin que existiese la declaración de inviabilidad que, según el Mecanismo Único de Resolución, es el hecho que debe iniciar la resolución, es ya un argumento claro de nulidad de la operación.
Además, la aplicación de un mecanismo diseñado para bancos en quiebra en una entidad solvente y viable que sólo tenÃa un problema de liquidez también es causa de nulidad.
Caso Popular: operación nula pero no reversible, la solución que a todos interesa
Todo indica que las múltiples irregularidades cometidas por los organismos que ejecutaron la resolución y la venta por un euro del Popular al Santander van a provocar la anulación de la misma
Por Esteban P. Cano - 14/12/2019 11
Dentro de las diferentes vÃas judiciales utilizadas por los afectados del Popular, la que más probabilidades de dictar una sentencia favorable —y firme— a los afectados en un menor corto de tiempo es la que se está dirimiendo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), un proceso contencioso-administrativo en el que se exige la anulación de toda la operación y la devolución, por tanto, del valor nominal de las acciones en base al valor real del Banco Popular.
Las presuntas irregularidades cometidas por los organismos españoles y europeos responsables de la operación fueron tan evidentes que no queda más que esperar que la Justicia europea dictamine la anulación de la resolución.
Además, esta vÃa propone una solución que satisfará a casi todos los actores, salvo a los organismos responsables de la resolución, evidentemente, que es la declaración de la nulidad de la operación pero que no anule las consecuencias corporativas de la misma.
Hay que recordar cómo el Banco Santander reconoció que la venta del Popular se ejecutó fuera de plazo, lo que ya supone una razón de nulidad. En otro orden, los propios abogados de UrÃa y Menéndez, que representaban a la entidad presidida por Ana BotÃn, fueron los responsables de que se tuvieran que levantar diferentes actas en una NotarÃa del Paseo de la Habana de Madrid para que quedara clara la exención de responsabilidad del banco en la operación y que aquélla recayera en la JUR y el FROB.
En esta solución, según diferentes fuentes jurÃdicas consultadas por Diario16, beneficiarÃa a todas las partes salvo, evidentemente, a los organismos que ejecutaron la resolución, la única causa de la ruina de más de 305.000 familias. Por un lado, los afectados cobrarÃan el valor de sus acciones en un precio justo; por otro, el Santander podrÃa continuar con su actividad y beneficiándose del euro pagado.
¿Quién se harÃa entonces cargo de devolver el dinero a los afectados? En este caso serÃa el Fondo Único de Resolución (FUR), un fondo establecido a escala supranacional que se financiará con las aportaciones de las diferentes entidades bancarias de la Eurozona. La aportación de cada banco corresponderá a la proporción que represente su pasivo (excluidos los fondos propios y los depósitos con cobertura) respecto de los pasivos agregados (excluidos los fondos propios y los depósitos con cobertura) de todas las entidades de crédito autorizadas en los Estados miembros participantes. Las aportaciones se ajustarán de forma proporcional a los riesgos asumidos por cada entidad. En la actualidad el FUR dispone de más de 33.000 millones de euros.
Causas de nulidad de la operación del Banco Popular
Tal y como hemos venido informando en Diario16, existen múltiples causas que acreditan la nulidad de la operación del Banco Popular. Una de las principales es que la venta al Santander se hizo fuera del plazo establecido por la JUR y el FROB, hecho que debió haber paralizado la subasta y, en consecuencia, el BBVA hubiese tenido la oportunidad de haber presentado la oferta que tenÃa prevista.
Otra causa que tendrá en cuenta el TJUE es la aplicación en la valoración del Popular, tanto la de Deloitte como la de la JUR, de un borrador de reglamento que no entró en vigor hasta marzo de 2019.
Por otro lado, el hecho de que se iniciara el proceso de resolución varios dÃas antes sin que existiese la declaración de inviabilidad que, según el Mecanismo Único de Resolución, es el hecho que debe iniciar la resolución, es ya un argumento claro de nulidad de la operación.
Además, la aplicación de un mecanismo diseñado para bancos en quiebra en una entidad solvente y viable que sólo tenÃa un problema de liquidez también es causa de nulidad.
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tremendasco
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Extraigo este párrafo del texto anterior:_los afectados cobrarÃan el valor de sus acciones en un precio justo;y pregunto¿ cual es el precio justo ?,¿quien lo pone?